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Economia Informa No. 350 (Enero-Febrero 2008)

Presentación (Continuación)

 

Jorg e Alfonso Calderón Salazar, “Política económica, agricultura mexicana y TLCAN”, advierte que a partir de 1983 el sector agrícola inició la transición hacia un nuevo esquema de desarrollo, caracterizado por una menor intervención del Estado en las actividades productivas, la apertura comercial, la desregulación de la economía y el equilibrio en las finanzas públicas. Sin embargo, el repliegue del Estado dejó vacíos institucionales que el sector privado no ha colmado y se han tenido efectos desfavorable para la producción agropecuaria. La importación de alimentos y materias primas baratas ha reducido la rentabilidad y ha agudizado la competencia en los mercados domésticos de granos, oleaginosas, lácteos y carnes. El autor enfatiza que el campo mexicano se encuentra en crisis y, consecuentemente, el comercio agropecuario con el exterior es deficitario; de ahí, también, la creciente importancia de las remesas de nuestros trabajadores en el exterior, las que se han convertido en el principal sostén de la actividad económica en varias regiones rurales del país.


Carlos Javier Cabrera Adame y Diana López Hernández, “Gasto y políticas públicas en el campo”, señalan que el campo mexicano atraviesa por una crisis importante que se explica por el atraso tecnológico, la amplitud del minifundio, la disminución del crédito, las dificultades para disponer de mejores insumos, la liberalización comercial y el abandono del sector por parte del Estado. Situación que ha originado que la producción nacional de alimentos sea claramente insuficiente para satisfacer las necesidades de la población, y que se incremente considerablemente la importación de esos productos con lo que la dependencia alimentaria del país ha sido mayor en los últimos años.


Precisan que la crítica situación del campo se presentó con anterioridad a la entrada en vigor del TLCAN, y que en ella influyeron políticas públicas como el descenso de la inversión, la disminución del crédito, los mecanismos oficiales de precios, así como la desaparición de dependencias oficiales que proporcionaban diversos apoyos a los procesos productivos agrícolas. Consideran que la reactivación del sector sólo será posible si se modifican las políticas públicas hacia el sector y se considera la producción de alimentos como prioritaria para el país.


Rafael Buendía García y José Valencia Flores, “TLCAN: falsos dilemas y viejas prácticas”, señalan que después de 14 años de la firma del tlcan, asistimos a un capítulo más de desacuerdo y desencuentro de las fuerzas productivas del país sobre la producción de alimentos y la satisfacción de las necesidades nutritivas de nuestra población; enfatizan que no se percibe un acuerdo social sólido acerca de la pertinencia del tratado, pues no nos ayudan a resolver lo central: que el país crezca, que la desigualdad disminuya, y que seamos un país con oportunidades. Advierten que la imagen pública del tlcan es muy heterogénea. Sin embargo, se bloquea un debate propositivo. Por ello, hacen un repaso de los argumentos, estudios e informes disponibles, así como de las protestas e inconformidades y resaltan que, como país, carecemos de propuestas y líneas de acción para crecer, y las que se tienen se pierden entre la inercia de viejas prácticas y abultados intereses.


José Antonio Romero Sánchez, “Balance de un campo que no aguanta más, 2001-2006” sostiene que la situación del medio rural a partir del TLCAN ha sido sistemáticamente de desajustes y desestructuración productiva, al observar una preocupante incapacidad para producir los bienes primarios que cubran la demanda interna y generar los ingresos rurales que garanticen al productor vivir de la tierra. Esta situación ha sido impuesta principalmente por el TLCAN y se observa a través del declive pronunciado de la producción de alimentos básicos, decrecimiento de la superficie cosechada de cereales y oleaginosas, así como por el incremento de importaciones y de la dependencia alimentaria. Se advierte que como país estamos obligados a cambiar la política económica respecto al campo, para promover la producción nacional, pues no hacerlo implicará perder soberanía alimentaria, ya que si continuamos como hasta hoy, seguiremos comprando cada vez más granos básicos a precios más elevados con el consiguiente efecto negativo sobre los consumidores.

 

Carlos Javier Cabrera Adame
Coordinador del número

 

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